La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a nueves meses de cárcel y a tres años y seis meses de inhabilitación para cargo público municipal de carácter electivo al ex alcalde de la localidad de Isla Mayor, Manuel Aviñó Navarro, por ordenar el día previo a su cese el pago de 5.701,49 euros a pesar de los informes en contra del tesorero y del interventor.

Según relata la sentencia de la Sección Séptima, a la que ha tenido acceso Europa Press, con fecha 13 de junio de 2003 el entonces alcalde del municipio --al día siguiente tomaba posesión la nueva corporación municipal-- ordenó el abono a la Empresa Municipal del Suelo de Isla Mayor (Emsimsa) --de cuyo consejo de administración era presidente-- la cantidad de 5.701,49 euros.

En este sentido, el fallo asevera que el entonces primer edil actuó de esta manera "sin que existieran fondos disponibles" para hacer frente al pago y existiendo además un embargo sobre los créditos de dicha empresa por parte de la Agencia Estatal Tributaria, notificado el 10 de junio de 2003, "encontrándose la empresa en bancarrota y prácticamente liquidada en esa fecha".

Al hilo de ello, pone de manifiesto que el referido cheque "no figuraba dentro de la contabilidad de la mencionada sociedad como ingreso recibido, cuyo destino debería haber sido el pago de los salarios debidos a algunos de los trabajadores", siendo un arquitecto "el único que cobró", concretamente la cantidad de 700 euros, "con cargo a dicho cheque", todo ello "sin que el destino de la cantidad restante se justificara en ningún momento".

La sentencia precisa que el cheque fue cobrado en el banco por la empleada encargada de la contabilidad de la empresa previa autorización de Manuel Aviñó al entonces concejal Manuel Paredes Garrido, a quien la Audiencia Provincial ha condenado a nueve meses de cárcel e inhabilitación absoluta de tres años y seis meses por un delito de malversación de caudales públicos.

Por todo ello, la Audiencia Provincial condena al ex alcalde de Isla Mayor a nueve meses de prisión y a tres años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos, así como a tres años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público municipal de carácter electivo por un delito de prevaricación.